El Tribunal Constitucional ha dado la razón a la Fundación Artemisan y ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León Contra la Ley de Caza de Castilla y León.

El Tribunal Constitucional considera, en contra del criterio de la Sala del TSJ de Castilla y León y de la Fiscalía General del Estado, que la Ley 9/2019 de caza no tiene el pretendido carácter singular , que no vulnera los artículos 117.3 y 24.1 de la Constitución, ni el principio de separación de poderes, y que además no existe vulneración ni del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos ni del derecho a la ejecución y cumplimiento de las resoluciones judiciales ( arts 118 y 24.2 CE), como pretendían los demandantes.

Para el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schummer, la desestimación del recurso supone un importante éxito de los servicios jurídicos de la Fundación y pone de manifiesto que la Ley de Caza de Castilla y León es cabal, rigurosa y legítima, como ha defendido la entidad desde el primer momento, y que la persecución al sector cinegético en la región responde a intereses ilegítimos.

De hecho, ha recordado que la Fundación presentó una querella contra tres magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, considerándoles responsables de un presunto delito de prevaricación judicial por adoptar decisiones sin sustento jurídico real con la única intención de perjudicar al sector cinegético.

Cabe recordar que Fundación Artemisan, con la colaboración de la federación autonómica, se personó ante el Tribunal Constitucional en apoyo de la Ley 9/2019 de 28 de marzo, que modificó la anterior Ley de Caza, asegurando que la ley no vulnera los principios de legalidad ni jerarquía normativa, ni tampoco el derecho de las personas a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses, en contra de lo que afirmaban los proponentes.

En las alegaciones presentadas, Artemisan solicitó la inadmisión del recurso en base a las diversas irregularidades procesales que se han cometido desde el inicio del procedimiento, y subsidiariamente su desestimación, como finalmente ha ocurrido. Contra la cuestión de inconstitucionalidad se personaron también La Junta de Castilla y León, las Cortes de Castilla y León y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.

El presidente de la Fundación Artemisan reitera el compromiso de la entidad con la defensa del sector cinegético y advierte que seguirá trabajando sin descanso para acabar con la persecución del sector por parte de colectivos cuyo único fin es acabar con la actividad cinegética, por mera ideología, sin argumentos y sin tener en cuenta las graves consecuencias medioambientales, sociales y económicas.