La ciencia y la verdad de la caza se han impuesto al intento de organizaciones animalistas de denunciar el control de poblaciones durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, con la desestimación de sus pretensiones por parte de la Administración, que da la razón a los argumentos esgrimidos por la Fundación Artemisan en sus alegaciones.

La Federación de Asociaciones de Derecho Animal (FADAN) y el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) interpusieron recurso de alzada contra la  Resolución de 26 de abril de 2020 de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales por la que se declaraban comarcas de emergencia cinegética y se establecían medidas extraordinarias para el control de especies cinegéticas en la Comunidad de Madrid (BOCM de 28 de abril).

La Fundación Artemisan se personó en el procedimiento y formuló alegaciones jurídicas y técnicas argumentado la necesidad de realizar el control de poblaciones autorizado en la resolución impugnada, a la vez que ponía de manifiesto la ausencia de argumentación de los recursos interpuestos por los dos grupos ecologistas.

Uno de los principales argumentos jurídicos utilizados por la Fundación Artemisan fue la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020 que al resolver un asunto similar vino a considerar que las pretensiones del PACMA carecían de justificación jurídica sin que sea necesario el pretendido censo de poblaciones cada vez que se autorice la caza de una especie, ni tampoco, como en este caso, cuando se trate de un necesario control de poblaciones para evitar daños a la agricultura y la propagación de enfermedades.

Junto con la argumentación jurídica, se aportaron una serie de informes técnicos que acreditaban el buen estado de conservación en la Comunidad de Madrid de especies como la paloma torcaz, el conejo o el jabalí, que  justificaban la necesidad de controlar sus poblaciones como se venía haciendo en años anteriores.

Destaca un estudio realizado por Artemisan en 2019 en el que se analizó el estado de las especies cinegéticas a partir de los datos de los planes de aprovechamiento cinegético de 734 cotos de la región, en los que se incluye información de animales vistos y capturados en cada uno de los acotados durante los últimos años, así como de la sostenibilidad de la caza para el conjunto del territorio.

Ninguno de los dos grupos ecologistas que interpuso el recurso aportó informe en el que basar sus pretensiones, limitándose a afirmar que la caza no debería ser utilizada como instrumento para controlar las poblaciones de ninguna especie, sin ofrecer alternativa alguna.

Con ello vienen, una vez más, a demostrar que su obsesión por prohibir la caza prevalece sobre el interés general,  y que los problemas derivados de un exceso en las poblaciones  de determinadas especies  tales como daños a la agricultura, accidentes de tráfico, seguridad aérea o riesgo de contagio de enfermedades como la peste porcina, tuberculosis etc.. les resultan totalmente ajenos con tal de conseguir su propósito final de prohibir la caza a cualquier precio.

La Fundación Artemisan agradece a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad y concretamente a la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales la firmeza en la toma de decisiones en el control de poblaciones, en una región donde hay una continua presión por parte de los de los grupos ecologistas y animalistas.

Por último, la Fundacion Artemisan quiere poner en valor la importancia de contar con  datos de rigor para la defensa de las órdenes de veda regionales y todas las denuncias que en los últimos años se están produciendo, datos que avalen la sostenibilidad en el control de las poblaciones cinegéticas, de ahí la puesta en marcha de varios proyectos en los últimos años que Artemisan está desarrollando.