La Fundación Artemisan trasladará a los partidos políticos con representación en el Congreso un informe jurídico que alerta del riesgo que supone la ambigüedad con la que se ha redactado la propuesta de Podemos para modificar los delitos de maltrato animal e incluir en los mismos los animales silvestres. Según este análisis técnico, aunque los miembros de esta formación han asegurado que su objetivo no es el de prohibir actividades ya reguladas como es el caso de la caza, lo cierto es que de llegar a aprobarse ese texto podría tener un gran impacto sobre el sector cinegético.

En este sentido, la Fundación Artemisan pondrá el informe a disposición de todos los grupos, incluido Podemos, para que lo tengan en cuenta a la hora de tramitar una norma que podría incurrir en numerosos defectos.

En lo que se refiere a su significado y alcance jurídico, hay que tener en cuenta en primer lugar, que el contenido de esta Proposición de Ley infringe, entre otras, las directivas Hábitats y Aves de la Unión Europea, así como la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los estatutos de autonomía y las distintas leyes y reglamentos de caza actualmente en vigor en España.

También vulnera los principios de seguridad jurídica e intervención mínima del Derecho Penal, que rigen en el ordenamiento jurídico español, a lo que se suman una duplicidad de ilícitos penales (principalmente con los delitos contra la flora y la fauna) y “una innegable invasión de competencias de las comunidades autónomas”.

En el caso de su posible impacto sobre el sector cinegético, el informe apunta que “contiene una redacción ambigua, con utilización de conceptos jurídicamente indeterminados, lo que podría generar diversas controversias interpretativas en relación con la práctica de la actividad cinegética”.

De esta forma, algunos hechos que pueden producirse en el desarrollo de la actividad cinegética y que están tipificados actualmente como infracciones administrativas en las diferentes normas autonómicas pasarían a conllevar responsabilidades penales. Puede ser el caso de superar el cupo de piezas, abatir ejemplares no autorizados e incluso el cobro infructuoso de una pieza de caza.

Asimismo, hay que tener en cuenta que todos los delitos relacionados con la actividad de la caza tendrían agravantes al llevar aparejado el uso de armas de fuego y de animales auxiliares, con lo que serían castigados con penas de cárcel superiores a dos años y supondrían el ingreso en prisión del autor prácticamente en cualquier caso.

Dada su importancia, todas estas consideraciones serán trasladadas tanto al partido promotor de esta iniciativa legislativa como al resto de la Cámara en colaboración con el resto de entidades del sector cinegético.

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